El Gobierno de España tenía una espléndida oportunidad para mostrar que la aprobación española de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad no era mero trámite sino auténtica convicción dentro de su programa social. No ha sido así. Pero al conseguir que se aprobara la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con el apoyo de quienes se autoproclaman progresistas y defensores de los derechos de los más débiles, ha persistido en perpetrar la máxima discriminación contra las personas con discapacidad: el aborto eugenésico. La letrada Prof. Agustina Palacios, a petición del CERMI, ha elaborado un documento que demuestra que la citada ley es claramente discriminatoria y vulnera los principios declarados en la Convención Internacional, suscrita por España. Ofrecemos a nuestros lectores la argumentación completa.
